Los juzgados españoles tienen inmovilizados más de 4.000 millones de euros que generan al Estado una fortuna en intereses.

Según el diario “El País”, en su publicación digital del pasado jueves, el Estado estaría ingresando unos 18 millones de euros en intereses por las fianzas, embargos y costas que retienen en sus cuentas los juzgados nacionales.

El dinero por esos conceptos y otros depósitos se encuentra retenido en las cuentas que pertenecen al Ministerio de Justicia, y que quedan fuera del circuito económico, en ocasiones durante años, a la espera de resolución judicial de los procedimientos, beneficiándose el Estado durante todo ese tiempo, de los intereses que genera todo ese dinero.

Según el medio nacional, al terminar el tercer trimestre del año (el último disponible), el importe que permanece en las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales alcanza la cifra de 4.410.747.503,52 euros, según datos facilitados por la propia Administración de Justicia.

Aunque las cifras fluctúan en los diferentes trimestres, lo cierto es que el saldo medio diario de estas cuentas es desde hace años superior a los 3.000 millones de euros, habiendo llegado a superar en alguna ocasión los 5.000 millones, según la cifra recogida en los balances del Consejo General del Poder Judicial.

Tan elevada cantidad es consecuencia de la lentitud de la justicia para resolver los procedimientos, debido a la falta de medios, que obliga a que grandes cantidades de dinero permanezcan bloqueadas durante años. Así lo manifiesta el actual presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, quien además afirma que con un sistema judicial más ágil, este dinero podría volver al circuito económico.

Cada órgano judicial tiene su propia cuenta asignada, en la que se ingresan cantidades correspondientes a multas, embargos, fianzas de libertad, subastas, costas, importes abandonados, herencias sin testamento, el dinero incautado en operaciones policiales como las de narcotráfico, así como fianzas civiles impuestas a los investigados para garantizar el resarcimiento de los daños causados, por ejemplo, en casos de corrupción.

La entidad Banco Santander es quien gestiona en la actualidad estas cuentas. Anteriormente era Banesto la encargada de las mismas. Un punto fundamental a la hora de adjudicar este contrato por concurso público, son los intereses que puedan generar estas cantidades al Estado, y que van a parar al Tesoro Público.

“El País” publicaba los siguientes datos:

● Hasta el mes de septiembre de 2019, se han generado más de 54 millones de euros de intereses, de los cuales, 17,7 millones se generaron en el primer trimestres, 18,1 en el segundo y 18,2 en el tercero.

● De estas cantidades, 24.930 euros provienen de los decomisos por tráfico de drogas.

● 6.309 euros se corresponden a tasas por recursos desestimados.

● 362.740 euros provienen de las cuentas de bienes embargados o incautados en delitos.

● La jurisdicción civil es la que retiene mayor cantidad de dinero consignado, alcanzando 1.693 millones de euros al terminar el tercer trimestre.

Las ciudades que por su parte más dinero generan serían en primer lugar Madrid (1.191 millones tras el primer semestre), en segundo lugar Barcelona (429,602 millones), seguidas de Alicante (203,213 millones).

Las ciudades que por el contrario menos dinero mantienen en las cuentas de sus juzgados son Segovia (4 millones), Ávila (4,26 millones) y Teruel (4,3 millones).

Siendo la cifra de 4 millones de euros la menor de todas, en tres de las provincias más despobladas de España, como son Ávila, Segovia y Teruel, que junto a Soria, Melilla y Ceuta, que así dispuestas cierran la lista de provincias en orden a su población, podemos intentar comprender la problemática que existe en nuestro sistema judicial.

Es evidente la falta de medios que sufre nuestra Administración de Justicia, tanto personales como materiales, siendo imperiosa la necesidad de modernización de una Administración que se ha estancado y quedado muy por detrás de otras, en las que por ejemplo, todas las comunicaciones se realizan de forma telemática con el usuario, contando con sedes electrónicas, herramientas y plataformas informáticas útiles y eficaces.

La lentitud judicial genera grandes cantidades de intereses al Estado, y ello podría poner en cuestión si por su parte, se hace todo lo posible para ponerle solución.

Fuentes:

https://elpais.com/politica/2019/11/14/actualidad/1573757903_486614.html…