La Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 en la Administración de Justicia ha dado este viernes luz verde al retorno pleno de la actividad ordinaria en el sistema judicial que se abre paso con la fase 3 de la desescalada, a partir del próximo 9 de junio.

Esta fase implica que el cien por cien de la plantilla se incorpore ya a su centro de destino. No obstante, aquellos funcionarios de la Administración de Justicia que actualmente se encuentren de permiso por deber inexcusable debidamente acreditado y justificado, podrán mantenerse en dicha situación hasta el último día de vigencia del estado de alarma.

Esta medida es aplicable a los empleados de la Administración de Justicia con hijos e hijas menores de 14 años o con personas mayores dependientes a su cargo, que no pudieran flexibilizar su horario de trabajo con las alternativas existentes en su ámbito territorial, o que no pudieran desarrollar su actividad en la modalidad de teletrabajo.

Por último, la Comisión de Coordinación de Crisis del covid-19 en la Administración de Justicia, en la que participan el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las 12 comunidades autonómicas con competencias transferidas en materia y el Consejo General de la Abogacía Española, ha acordado convocar en la segunda quincena de julio una conferencia sectorial para analizar el tránsito hacia la nueva normalidad en los juzgados y realizar un seguimiento de los planes de choque que se pondrán en marcha en los distintos órdenes jurisdiccionales.