Objetivo: acceso con garantías a la Justicia de las personas con discapacidad

Objetivo: acceso con garantías a la Justicia de las personas con discapacidad

La igualdad es fundamental en Derecho y en cualquier ámbito de la vida, y lograr un acceso con garantías a la Justicia debe ser objetivo de todos los entes relacionados con la misma.

Por ello, es de alabar la iniciativa del Consejo General de la Abogacía Española, con la colaboración del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), de impartir una serie de cursos para garantizar el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad.

El objetivo de la actividad, que se enmarca dentro de un convenio de colaboración entre CERMI, la Fundación ONCE y la propia Abogacía Española, es formar a los abogados del turno de oficio en esta materia para conseguir que la participación de las personas con discapacidad sea plena y efectiva.

El curso, que ha comenzado el 23 de febrero y tendrá una duración de un mes, profundizará en la normativa relacionada, así como en su aplicación en las diferentes jurisdicciones, ya que esto supone un requisito indispensable para una adecuada asistencia legal, como afirman los impulsores de la iniciativa en un comunicado remitido a Europa Press.

De hecho, recuerdan, el turno de oficio, que normalmente atiende a las personas más vulnerables, debe conocer las circunstancias y mecanismos de defensa para garantizar su protección. Por ello, este curso da respuesta a las Observaciones Generales dirigidas a España del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, con el fin de asegurar que el acceso a la justicia para las personas con discapacidad se haga efectivo en igualdad de condiciones que para al resto de la ciudadanía, así como garantizar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de estas personas.

Ello implica, entre otras cuestiones, reformas legislativas para que las normas sean adecuadas, ajustes en procedimientos y protocolos policiales y judiciales o la universalización de la accesibilidad a las comunicaciones y a las instalaciones de las que estas personas puedan ser usuarias.

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