El Servicio Jesuita a Migrantes insta a no retomar el internamiento en los CIE cuando acabe la pandemia.

A través de un comunicado el pasado 13 de mayo, el SJM reclama al Gobierno, mediante una recogida de firmas, que no retome la actividad de los centros de internamiento al finalizar el estado de alarma. Lo consideran como “el último recurso en todo el procedimiento de expulsión”.

El pasado 6 de mayo se puso en libertad a la última persona migrante encerrada en uno de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que existen en España, quedando así, tras más de 30 años de historia desde su creación y por habilitación del art. 26.2 de la ya derogada LO 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros, por primera vez, vacíos y sin registrar nuevas entradas.

Desde que se declarase el estado de alarma el pasado 14 de marzo se ha ido liberando de forma escalonada a los internos en aplicación del art. 62.2 de la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que establece que “el internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, siendo su duración máxima de 60 días, y sin que pueda acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente«.

Debido al cierre de fronteras provocado por la crisis sanitaria del Covid19 y la imposibilidad de retornar a sus países de origen, así como del riesgo para la salud y la vida de los internos y el personal de servicio de los centros, se procedió a su vaciamiento, pasando de un 59% de ocupación a un 0% durante el mes de mayo.

Pero el SJM recuerda en su comunicado que los CIE no se han cerrado, por ello, actuando en defensa de los derechos de las personas migrantes y procurando su pleno acceso a la ciudadanía, reclama al Gobierno y al Poder Judicial que no se recurra de nuevo al internamiento de personas extranjeras en los CIE, para lo que ha lanzado una recogida de firmas, subrayando además que “hay alternativas menos lesivas para los derechos humanos que el internamiento y además menos gravosas para el bolsillo de los contribuyentes”, y plantean la incertidumbre sobre si los centros de internamiento tendrían la capacidad para implantar medidas de distanciamiento y prevención higiénica suficientes, dadas las deficiencias que tanto el Defensor del Pueblo como los juzgados de control han venido denunciando durante los últimos años.

Así lo recoge el reciente Auto de 20 de abril de 2020 dictado por el Juzgado de Instrucción nº 9 de Murcia, en el que la Juez de Control Jurisdiccional del CIE de Sangonera-Murcia, instaba al vaciamiento progresivo del centro “con el fin de prevenir el contagio”.

Por todo ello, el comunicado concluye con la necesidad de reconsiderar la política migratoria, convocando al Estado a reconocer que “los nuevos tiempos demandan nuevas políticas”.

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